LA DEFENSA DEL ABSURDO
Mientras en la Patagonia recrudecen los ataques a las propiedades públicas y privadas, por parte de quienes se identifican con los reclamos Mapuches, sembrando actos de vandalismo y violencia de distinta especie, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, intervino personalmente en la Audiencia de Libertad Condicional del condenado Facundo Jones Huala.
El asistido que es uno de los líderes de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M.) se encuentra condenado por la Justicia de Chile, en decisión definitiva y firme, a la pena de 9 años de prisión por ataque incendiario a la propiedad y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Concurso de Delitos, para la Suprema Corte del país vecino, ha sido cerrado con penas efectivas de seis y tres años, en calidad de autor de los delitos consumados de incendio y tenencia ilegal de armas de fuego.
Había sido extraditado a Chile, luego de permanecer prófugo durante 4 años.
La tarea de asistencia legal en una audiencia de libertad condicional es una gestión común del Agregado Consular de la respectiva Región en que se celebre el evento formal.
En el caso, la presencia del titular de la representación en el país, desplazando la intervención del funcionario habitual, obedece a una instrucción especial para el caso proveniente de la Cancillería.
No es tarea ordinaria del Embajador semejante actividad.
Luego, al trascender el evento, la Casa Rosada pretende asignarle notas de asistencia periódica, ordinaria y propia para cualquier ciudadano en el extranjero.
Lo curioso y especial de la llamativa circunstancia es que el Defendido no se considera ciudadano argentino.
Muy por el contrario, reniega de su situación de tal. Se reconoce Mapuche y enarbola sus objetivos secesionistas.
El señor Embajador asiste a quién desconoce la ciudadanía y los símbolos patrios.
Procura protección y cobijo para una persona que rechaza al País que representa.
Es llamativa la legitimación invocada para concurrir a la escena.
Debería explicar la naturaleza de la gestión diplomática para un singular personaje que repudia al país y lo califica de “invasor” histórico del terruño ancestral.
Solamente una orden expresa de sus superiores justifican tamaña empresa, con distracción de la tarea específica y encomienda con tufillo exclusivamente político.
Una vez más sobrevuelan y rozan los pensamientos “chavistas” siempre presentes, en las cercanías con el terrorismo internacional de cualquier origen y naturaleza.
La escisión en la Patagonia reconoce aspiraciones internacionales que se enancan en los movimientos de los pueblos originarios, con vinculaciones de múltiples raíces, pero que alientan el conflicto armado en dicho espacio.
Acudir a una Audiencia local, compareciendo a favor de un condenado por terrorismo, no es atribución de la máxima autoridad diplomática, sino una carga impuesta por decisión política superior.
Además, asiste a una persona que desconoce la ciudadanía argentina y que indudablemente rechaza su autoridad.
Rechazar la condición de nacional es un pecado menor del condenado al cotejar sus antecedentes, actos y hechos precedentes en que se viera comprometido.
En forma ostensible, pública y reiterada convoca a la violencia, insurrección, insurgencia, agresión física, contra los bienes públicos y privados.
Ha sido condenado por actividad terrorista, en una serie de sucesos que alienta y replica en nuestro país, pero que no trascienden con culpas y responsabilidades por la complicidad y sugestivo silencio oficial.
Las Provincias Patagónicas sufren y padecen sus andadas.
A viva voz proclama intolerancia, abusos, provocaciones, daños y estropicios.
Las tomas de tierras, incendios, amenazas, merecen la aplicación del Código Penal, sin evasivas o distorsiones demagógicas.
El terrorista ha tenido garantizada su legítima defensa letrada y lo acompañan abogados privados, en todas las instancias transitadas ante la Justicia.
No es el caso de un connacional en el extranjero desprovisto de asistencia y guía.
El Embajador asiste a un líder extremista que pone en tensión la integralidad del territorio nacional.
La protección de un condenado por terrorismo es un acto absurdo que deviene del problema de incubar el extremismo en la misma formación gobernante.
El supuesto progresismo es víctima del terrorismo que anida en su seno.
Es un absurdo, además, toda vez que constituye un aval a quién enfrenta al Estado que el Embajador representa.
La defensa del terrorista condenado por delitos, en sentencia que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, plantea una vez más la convivencia del extremismo y el oficialismo.
Es absurdo, ingenuidad o complicidad.
Al menos, ante la patente manifestación terrorista, la respuesta oficial siempre genera un margen de dudas.
La conducta de Bielsa no tiene explicación razonable.
