LOS DESVARÍOS DEL DEVALUADO PROFESOR

                                               “La decrepitud del derecho hecha sentencia” 

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo lugar a la demanda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) contra el Poder Ejecutivo Nacional, en la cual se impugnaba el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) de prohibición de las clases presenciales en el AMBA, fue duramente criticada por el Presidente en declaraciones agraviantes para su contenido y los miembros del alto Tribunal.

Alberto no asume cabalmente su condición de profesor de Derecho y se despoja de toda investidura académica para cuestionar políticamente en términos descalificantes la resolución judicial.

Urgido por su frente interno, tropieza regularmente con la Constitutión Nacional, a la cual no es muy afecto, ni siquiera en términos de repaso ligero para aventar pesares.

Alega una cátedra universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UBA, pero nunca puso de manifiesto el acceso a la misma por concurso de antecedentes y oposición, como situación de legitimación regular para dictar derecho penal en la docencia superior.

La trayectoria de los jueces de la Corte criticados dista sustancialmente de los antecedentes del profesor, quién solamente denota una extensa peripecia política en un variopinto de abanicos que incluyen a Carlos Menem y Domingo Cavallo, como sus superiores, coronada por una designación increíble en los alcances como maniobra política para encumbrar a un inferior.

En particular, los dos jueces de extracción peronista más destacada tienen títulos que contrastan con la liviandad del crítico ligero de equipaje.

Tanto Horacio Rosatti, como Juan Carlos Maqueda han sido convencionales constituyentes en el año 1994 y en tal carácter son intérpretes auténticos del contenido y los antecedentes de la Ciudad Federada, profesores universitarios e incuestionables en sus trayectorias.

Rosatti incluso ha sido Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner.

Ambos dan cuenta en sus votos de la falta de fundamentación suficiente del Decreto impugnado. 

Muy doloroso para el orgullo del presidente designado y la soberbia del Procurador del Tesoro.

El castigo es cruel para los lectores atentos. Casi provocador.

A la par que el nuevo Ministro de Justicia proclama su avanzada sobre la Corte y en el Congreso duermen las reformas sancionadas por el Senado, los dos jueces más simbólicos del horizonte peronista les dicen que faltaba sustancia, letra y contenido.

No solamente dan acabado testimonio expreso de  los errores cometidos, sino que lo hacen en forma hiriente y dolorosa.

La herida ocasionada sangra profusamente, tanto por el simbolismo de quienes lo exponen, como por el método en que lo hacen efectivo.

Sutíl mensaje para los portadores de odios y rencores.

Las armas han sido cargadas para dar palpables muestras de la ignorancia y la irrelevancia jurídica. No amparan la Justicia Militante.

Técnicamente, han expuesto que la Ciudad Federada tiene un status similar a sus equivalentes Provinciales.

La pretensión presidencial de una jerarquía menor desconoce las bases constitucionales de la reforma de 1994.

Un elogioso recuerdo a las picardías del Acuerdo propiciado entonces por Raúl Alfonsín, para limitar la hegemonía autoritaria, que aún hoy está presente, con sus condiciones impuestas para la reforma constitucional.

Precisamente, la autonomía porteña es el caro ejemplo de una empresa institucional libre e independiente del poder concentrado.

Curiosidades de la Historia: dos peronistas tradicionales la rescatan para poner límites a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Visiones de Estadista que enriquecen las instituciones republicanas y jueces que rescatan los equilibrios de los poderes.

Cabal ejemplo de la transversalidad ideológica cuando se trata de la responsabilidad institucional y la supremacía de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye la reserva moral contra el desborde hegemónico y autoritario.

Corolario de la sentencia es que, necesariamente, deberá discutirse en el Congreso una Ley que establezca el marco pandémico y las regulaciones necesarias para emprender una política sanitaria que sea expresión de la voluntad popular.

No importa que el Decreto en crisis haya perdido vigencia. La sentencia marca un camino constitucional .

Se agotó el estilo autoritario y hegemónico utilizado como método de gobierno.

Ante semejante estropicio, las penurias del Ministro de Economía han quedado rezagadas y dispuestas al olvido.

Persiste la insistente erosión de su figura y el desgaste provocado por el virtual alzamiento de su inferior. 

El Subsecretario que resiste su remoción, amparado en el comunicado de la Cámpora y Alberto que se sucede en silencios y esperas, que no hacen otra cosa que desamparar al superior.

A la interperie, sin autoridad, con una política tarifaria errática y atada a la decisión electoral de Cristina, Alberto se diluye en vaguedades y agravios.

El insulto habla mucho más del que lo profiere, que de la destinataria.